Viernes, 12 Febrero 2021 11:49

La CSJN vuelve a mandar un mensaje de que el lawfare no es jurídico

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha impulsado la teoría del llamado 'lawfare', o sea que el Mundo K ha sido perseguido por sus adversarios, es inocente de todas las imputaciones y debe ser no sólo liberado sino también reivindicado. 
El CELS patrocinó a Milagro Sala, la cuestionada dirigente de la Tupac Amaru de la Provincia de Jujuy, y la ministra Elizabeth Gómez Alcorta fue su abogada personal. Son datos que deben tenerse en cuenta al evaluar lo que ha sucedido el jueves 11/02.
 
El miércoles 10/02 el exministro Julio De Vido volvió a arremeter contra Sergio Massa. Amigo de contratistas y proveedores, sindicalistas e intendentes que beneficiab a Néstor Kirchner, se encuentra en prisión domiciliaria, y se enoja con Massa porque éste se opone a un tratamiento 'light' para los condenados por corrupción.
 
¿Qué estaba sucediendo que De Vido volvió a criticar a Massa? (Privilegio que debería agradecerle Massa a De Vido porque lo reivindica ante el electorado del Frente Renovador).
 
El jueves 11/02 por la mañana, el diario Clarín difundió que legisladores K -Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde, Ramiro Gutiérrez, Roberto Mirabella, María Inés Pilatti Vergara, María de los Angeles Sacnun, Martín Soria y Marisa Lourdes Uceda- habían adelantado la puesta en vigencia de 6 artículos del nuevo Código Procesal Penal Federal que permiten revisar condenas, atrasar el concepto de condena firme y autorizar a esperar una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos antes de empezar a cumplir la pena de cárcel.
 
Los 6 artículos -artículos 366, 367, 368, 369, 370 y 375 del Código Procesal Penal- entraron en vigencia “en todas las jurisdicciones federales del territorio nacional” tras su publicación en el Boletín Oficial por la comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Congreso durante la gestión de Mauricio Macri.
 
Hasta ahora se consideraba que una condena de un tribunal oral -en el caso de delitos federales tales como corrupción, narcotráfico, secuestro o tráfico de armas- estaba firme cuando la Cámara Federal de Casación Penal rechazaba un recurso extraordinario del condenado para ir a la Corte Suprema. 
 
Ahora, habrá que esperar a que la Corte, que no tiene plazos, se pronuncie.
 
El mismo jueves, por la tarde, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció unánime para rechazar un recurso de queja presentado por la defensa de la militante K, Milagro Sala, ratificando la sentencia a 2 años de prisión por amenazar a policías de una comisaría de la ciudad de San Salvador de Jujuy, sentencia onfirmada por la Corte Suprema de Jujuy.
 
Sala, en prisión domiciliaria igual que De Vido, tenía alguna expectativa acerca del expediente que prescribiría el lunes 15/02
 
Sala tiene otras condenas que todavía no están firmes y se encuentran apeladas, comenzando por una a 13 años de prisión por el delito de asociación ilícita por el desvío de $60 millones destinados a cooperativas para la construcción de viviendas sociales. 
 
En enero 2021 el Centro de Estudios Legales y Sociales que ha patrocinado a Milagro Sala, afirmó: "El sábado 16 de enero se cumplen cinco años de la primera detención de Milagro Sala, por participar de una protesta contra medidas tomadas por el gobierno de la provincia de Jujuy. Desde entonces, la dirigente social está privada de la libertad sin condena firme.
 
A partir de su detención, hubo un entramado de “acusaciones consecutivas”, un despliegue de causas judiciales y un contexto de vulneración de la independencia judicial destinados a sostener la privación de libertad de Sala de manera indefinida, de acuerdo a lo que sostuvo el Grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, en octubre de 2016.
 
Ya trascurrieron cinco años de detenciones preventivas sucesivas, sin que aún tenga una condena firme en su contra."
 
Ahora hay una condena firme.
 
El argumento del CELS promovía el 'lawfare' construído como estrategia para obtener el sobreseimiento de los acusados por corrupción entre 2003 y 2015.
 
Se utiliza el término 'lawfare' para referirse al supuesto uso abusivo de los procedimientos legales, la manipulación de las investigaciones y juicios penales, el uso de acusaciones sin materialidad, con el fin de provocar repudio popular contra un oponente.
 
Es un enfoque surgido de la política antes que del Derecho. De hecho la idea aparece inicialmente en un artículo de 1975, escrito por humanitaristas (los australianos John Carlson y Neville Thomas Yeomans).
 
La Corte Suprema acaba de enviar nuevamente, entonces, un mensaje a la política: el 'lawfare' no es válido como recurso jurídico.
 
A su vez, para el Frente de Todos esto impone su desafío electoral 2021: obtener los legisladores necesarios para o cambiar la Corte Suprema o ampliarla para 'licuar' a quienes no interpretan las necesidades políticas del oficialismo.
 
Sin duda, es el tema de fondo que irá a las urnas aunque habrá que evaluar si los electores lo perciben y la prioridad o no que le conceden.
 

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